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El Plan Nacional Antidopaje permitirá la realización por primera vez en España de análisis de sangre a los deportistas y aplicará sanciones penales a quienes intervengan o propicien el dopaje, según explicó el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, durante la presentación del mismo. «El deportista no es sospechoso de nada, pero queremos un sistema transparente y bueno para la salud pública. Se trata de un plan integral, que va a favor del deportista y los ciudadanos y busca la reforma de la regulación antidopaje, además de cubrir los vacíos que presenta la actual legislación», señaló Lissavetzky, que insistió en «el aval» que representa la aprobación de este proyecto por parte del Consejo de Ministros el pasado viernes.

El plan, que afectará a ocho ministerios, se inicia con la exposición de los motivos que argumentan su puesta en marcha ante «la lacra» que representa el dopaje y, tras referirse a las modificaciones legislativas necesarias para su aplicación, detalla las medidas a aplicar en materia de prevención, control y represión. La tramitación de un proyecto de Ley contra el dopaje, que modificará parte de la normativa actual sobre la materia, y la creación de la Agencia Española Antidopaje (AEA), «cuyas competencias hay que acabar de definir», son parte de las reformas legislativas que provocará el Plan, que propone también cambios en el Código Penal para ampliar el ámbito de sanciones.

«Su objetivo es cubrir el vacío que existe referente al entorno del deportista. Puede haber personas que inducen, como los distribuidores y traficantes que se están lucrando con la salud de los demás, y si se prueba serán castigados penalmente. Yo no soy partidario de encarcelar a los deportistas, pero se va a actuar con severidad y el deportista va a tener una sanción muy dura», afirmó Lissavetzky, que recordó que en 2003 la venta ilegal de sustancias movió 16.000 millones de dólares según datos de Interpol.