El fiscal Juan Carrau se reafirmó en lo que ya declaró en el juicio contra el juez Miquel Florit por el ‘caso Móviles’. | Alejandro Sepúlveda

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La Fiscalía sostiene que el juicio debe continuar. El ministerio público rechazó este miércoles las peticiones de nulidad planteadas por las defensas de Cursach y Sbert, a pesar de que admite posibles vulneraciones de derechos durante la instrucción. En concreto, el fiscal Juan Carrau se reafirmó en lo que ya declaró en el juicio contra el juez Miquel Florit por el ‘caso Móviles': las filtraciones de documentos bajo secreto de sumarios provocaron una vulneración del derecho a la presunción de inocencia de los investigados. Sin embargo, sostiene que, la consecuencia de eso «no es la nulidad de todas las actuaciones». Recuerda que «la justicia es la que se dicta en los tribunales» por lo que, cualquier juicio paralelo a los acusados no tiene valor salvo que se demuestre que ha producido una influencia directa en los magistrados.

Algo similar sostiene la Fiscalía en torno al procesamiento del juez Penalva y el fiscal Subirán. «Es posible que las actuaciones del fiscal y del juez estén bajo sospecha, pero el Supremo dice que, incluso aunque estuvieran condenados no se genera la nulidad de las actuaciones», sostuvo. Puso como ejemplo la sentencia del ‘caso Gürtel' en el que, a pesar de la condena al juez instructor, Baltasar Garzón, el juicio se llevó a cabo y las condenas a los principales acusados fueron confirmadas. Sobre otras pegas al juez instructor, Carrau señaló que la recusación de Penalva se produjo por «pérdida de apariencia» de imparcialidad. «Es la verdad formal y la verdad material», concluyó. Además también valora que la mayor parte de la instrucción fue desarrollada por su sustituto, el juez Miquel Florit.

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La tercera sesión del juicio continuó con las cuestiones previas de las defensas y con la extensa intervención del abogado de Bartolomé Sbert, Antonio Martínez. Subió el tono de sus alegaciones del día anterior: «Tenemos que parar el show mediático este», llegó a reclamar al tribunal. El letrado arremetió contra la duración del secreto de sumario en este caso: «Récord de España. De 2013 a 2018, cinco años. Era una caja de pandora que se mantenía ocultara hacer lo que querían sin permitir que las defensas preguntáramos». Sostiene que la pieza que ahora llega a juicio se tramitó mientras todavía había partes del procedimiento bajo secreto sumarial y reclama por ahí una nulidad más.

Mensajes

Martínez ha sido el primero de los abogados de la defensa en exhibir los mensajes de WhatsApp del grupo integrado por Manuel Penalva, Miguel Ángel Subirán y los agentes de blanqueo de la Policía Nacional. Mencionó mensajes como los que ya hablaban del auto de ingreso en prisión de Sbert y Cursach dos semanas antes de su arresto y se coordinaban para practicar las detenciones. También uno en el que aludían al arresto de su defendido y que lloraba «como una madalena». Los sacó a colación para argumentar que toda la instrucción fue, según denuncia, una farsa. «Ha habido una violación flagrante», insistió. Otro de los episodios que sacó a colación fue cuando el fiscal, Miguel Ángel Subirán se personó como afectado en un procedimiento para reclamar una posible indemnización al Grupo Cursach.

Las defensas se sumaron en masa a las alegaciones de Martínez, en especial a las que tienen que ver con la ocultación de determinadas partes del sumario que no afloraron hasta el año 2020, cuando el caso estaba ya en la Audiencia. Incluso denuncian pinchazos telefónicos a abogados presentes en el juicio durante la investigación. De nuevo, otro de los ejes de las defensas es limitar el papel de las acusaciones particulares. Martínez aludió al papel de determinados empresarios a la hora de buscar testigos para la causa y de colaborar con los investigadores. «Trabajaban en comandita. Es una vergüenza para el Estado de Derecho», insistió. Por eso, sostiene que deben ser expulsados del procedimiento, en concreto la que representa a un empresario de Magaluf. De hecho, el abogado ha aportado una serie de vídeos que, según sostienen, reflejan provocaciones de este a empleados del Grupo Cursach. Las acusaciones particulares se defienden y reafirman su legitimidad para seguir en el juicio. «Hemos sido las víctimas de esos delitos y estamos legitimados», insistió el letrado Álvaro Martín Olmos, que representa a una serie de empresarios de Palma. Este jueves continúan las alegaciones de las defensas y arrancará el turno de los abogados de los policías locales que se sientan en el banquillo.