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Lo único cierto de la pelea a pedradas dialécticas que han emprendido el Govern y el sanchismo opositor (antes PSOE), a cuenta de las mascarillas anti COVID que se pudren en algún almacén, es que Balears perderá los casi tres millones de dinero público que se pagaron en su momento a Soluciones de Gestión, una de las empresas de la trama de Koldo García y sus cómplices investigadas judicialmente.

El sanchismo ha demostrado una vez más sus habilidades para darle la vuelta a sus propios marrones para convertirlos en un problema del PP y, en este caso, del Govern de Marga Prohens. El marrón de Francina Armengol es evidente: dejó transcurrir tres años hasta la interposición de una reclamación por las mascarillas defectuosas que su Ejecutivo había certificado como idóneas; el recurso se presentó el mismo día que abandonaba el Consolat de la Mar. Además, la presidenta de las Cortes todavía ha de explicar quién o quiénes le recomendaron (ordenaron contratar) a la empresa de Koldo. Sin embargo, el foco del debate se ha trasladado a la responsabilidad por la caducidad de la demanda de devolución del dinero, que, lógicamente, el portavoz del sanchismo insular, Iago Negueruela, atribuye al Govern del PP. En realidad, si Armengol, su Govern, no hubiera certificado la calidad de las mascarillas y no hubiera esperado al final de su mandato, tres años, para exigir el retorno del dinero todo esto no sería más que un buen argumento para una novela.

El charco en el que se han metido Marga Prohens y sus consellers lleva a formular nuevos interrogantes. Si la pregunta inicial era por qué Francina Armengol no reclamó el dinero pagado a Koldo, ahora se añade una segunda cuestión: por qué Marga Prohens dejó caducar el expediente de reclamación. A raíz del caso parece seguro que dos de los protagonistas han descorchado el cava: Koldo, porque ha evitado la devolución de una millonada; y Armengol porque consigue perder relevancia, al menos momentáneamente. La última línea de defensa del Govern se fundamenta en que «la reclamación estaba abocada al fracaso» a causa de la certificación de aceptación de las mascarillas de la anterior administración. Si era así ¿por qué se mantuvo la ficción de que el procedimiento seguía activo?

En el legajo de la trama figura un auto del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que aporta datos muy inquietantes cuando detalla el convencimiento de que la influencia de Koldo García «ha surtido efecto» para soslayar la devolución de los 2,7 millones por parte de Soluciones de Gestión al Govern. «Lo que opinan (el Govern) es borrón y cuenta nueva» le habría dicho Koldo a su socio, Juan Carlos Cueto, según una conversación grabada por la Guardia Civil. El juez apunta a la intermediación con el Govern de dos personas, el exministro José Luis Ábalos y Jacobo Pombo, un empresario al parecer vinculado con el expresidente del PP, Pablo Casado, y que habría trabajado para el partido. Nombres a través de los que se puede abrir paso la especulación en el sentido de traer a colación la identificación de Marga Prohens con el anterior dirigente nacional del PP.

Paren ya, concluía el editorial de este diario el pasado jueves (La política española es un lodazal). A derecha e izquierda, serénense y despejen todas las dudas e interrogantes.