Carlos OlallaPalma30/09/21 3:59
TW
2

La detención e inmediata puesta en libertad de Puigdemont en Cerdeña ha vuelto a traer a la palestra la situación de Catalunya y el ‘procés' que, tras los indultos, había pasado a segundo plano. Ha puesto en evidencia que la concesión de los indultos ha sido un paso adelante en la posible resolución del conflicto, pero claramente insuficiente. En primer lugar porque, a diferencia de la amnistía, mantiene la inhabilitación de los indultados. Que dos de ellos fueran representantes de la sociedad civil y no ostentaran cargo político alguno y fueran condenados exclusivamente por su participación en manifestaciones y actos de desobediencia civil es algo que debería preocuparnos a todos, catalanes y no catalanes, porque supone una amenaza a nuestras libertades. En segundo lugar, porque no resuelve la situación de los políticos que no fueron juzgados por encontrarse fuera de España, políticos que, como ha dejado clara la detención de Puigdemont, no pueden regresar porque serían inmediatamente detenidos y encarcelados.

Los indultos han sido el telón que nos han puesto delante para ocultar la realidad que se esconde tras él: que los indultados siguen inhabilitados para ocupar cargos públicos, que los aún no juzgados no pueden regresar sin ser encarcelados, y que hoy hay más de tres mil causas judiciales abiertas contra personas que, en la mayoría de los casos, simplemente han utilizado su libertad de expresión.

Y es ahí, en la palabra, donde radica la raíz del problema y también su solución. En esta España de hoy la palabra independentismo está criminalizada y la palabra diálogo ha pasado a ser sinónimo de rendición o pago de ‘servicios prestados'. Para el nacionalismo español, ese que no existe para quienes más fervientemente lo practican, la mera existencia del independentismo es considerada delito y la defensa de un referéndum, de dar la palabra al pueblo catalán para que sea él quien decida su futuro, es merecedora de cárcel. El derecho de autodeterminación, contemplado en la legislación internacional, que está por encima de la nacional y cuyos convenios ha firmado el Estado español, es un derecho individual y colectivo, que, como derecho colectivo, no pertenece a los Estados ni a los gobiernos, sino a los pueblos, a todos, no solo a los que fueron colonizados. Es el pueblo, catalán en este caso, quien tiene ese derecho. El problema es que en este país tanto tiempo obligado al silencio la palabra da miedo y palabras como ‘unidad de la patria' siguen estando por encima del derecho.