Imagen de la reunión celebrada este viernes. | Teresa Ayuga

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La convulsa Asociación de la Tercera Edad de Son Cladera vuelve a protagonizar nuevos titulares por las deudas galopantes que arrastra. Este viernes por la tarde se celebró una reunión en la que hacían un «llamamiento a la sociedad civil e instituciones para que se unan a la labor por la dignidad de los servicios sociales a los mayores». De esta manera, se ha creado una gestora que se encargará de la asociación y al frente estará Yusmeli Coronado, que intentará poner orden en las cuentas.

El anterior presidente, Francisco Moral, ha dejado una deuda de 30.000 euros de impago del alquiler del local, que pertenece a la Fundación Sa Nostra. Tras dar facilidades a la asociación, que hasta 2019 se había cedido gratuitamente, la propiedad del local ha puesto el tema en manos de abogados para desatascar la situación tras la mala gestión de la anterior directiva. El objetivo es destinar este local a otras entidades sociales, pero la Asociación de Mayores de Son Cladera se niega a desalojar el inmueble.

«No estamos dispuestos a asumir una deuda que no hemos creado. Nos quedaremos en el local y no nos moveremos de allí», dijo Coronado, que iba acompañada del abogado Francisco Fernández. «No son los socios los que tienen que pagar. De la noche a la mañana, sin avisar, se decidió que se iba a cerrar sin informar a los socios. Nosotros estamos defendiendo a los mayores», advirtió Coronado.
Por parte de la Federació d'Associacions de Persones Majors se intentó mediar con el Ajuntament de Palma para buscar una alternativa en el casal de barri de Son Cladera, pero Coronado advirtió que «una sala no es el club que tenemos nosotros. Nos mudaremos cuando tengamos algo en condiciones». Quinientos socios es el capital social de la Asociación de la Tercera Edad de Son Cladera, aunque hay fuentes que señalan que las cifras están hinchadas y no son reales.

El Consell de Mallorca de la anterior legislatura medió entre asociación y propiedad e intentó aliviar los problemas de la entidad, pero sus graves deficiencias administrativas dificultaron el hallazgo de una solución. El anterior equipo de gobierno había planteado la compra el local y hacerlo compatible con un centro de día. Ahora, con el cambio de gobierno, el PSIB insta al Consell a negociar con la propiedad para adquirir el local.