Según han informado, empleados de una empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Palma, supervisados por técnicos del área de Bienestar Social y de Infraestructuras han precedido a volver las construcciones que se habían vuelto a levantar sobre los espacios en que se había actuado en la primera fase de desmantelamiento.
Varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Palma se han desplazado hasta el poblado para garantizar la seguridad del operativo, aunque las tareas se han podido realizar con normalidad.
Con este acción, el área de Bienestar y Derechos Sociales quiere garantizar que hasta el inicio de la segunda fase de desmantelamiento del poblado de Son Banya, prevista hasta finales de 2019, cualquier construcción que se vuelva a levantar se pueda derribar de forma inmediata.
Cuando acaben las tareas, se procederá a la instalación de rótulos informativos para recordar que la reconstrucción de viviendas sin permiso supone un delito de usurpación. De esta manera el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma deja patente «su compromiso firme de seguir adelante con la hoja de ruta pactada hace un año y medio».
En este sentido, cabe recordar que en mayo pasado, la Junta de Gobierno dio el visto bueno a los pliegos de cláusulas administrativas y los de prescripciones técnicas para la contratación del servicio para la defensa técnica y la representación en los procedimientos de desalojo.
El objetivo de la licitación es la contratación de la representación jurídica que se encargará de los trámites para ejecutar los desahucios de las viviendas que aún quedan en Son Banya, un procedimiento necesario para continuar con la segunda fase del proceso de desmantelamiento. Su presupuesto es de 247.660 euros.
Durante la primera fase de desmantelamiento, que se desarrolló entre el mes de julio de 2018 y el de abril de 2019, salieron de Son Banya 117 personas, 68 adultos y 49 niños. La segunda fase se realizará entre 2019 y 2020 y tendrá un coste de unos 600.000 euros.
4 comentarios
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Es decir nosotros pagamos 40.000 euros más para derribar los derribos que ya habíamos pagado. Tengo varias preguntas... quien ha reconstruido? Los antiguos dueños? Si es así, devolverán lo cobrado?. Si no es así, a estos también les pagaremos 1000 euros al mes durante 5 años?. Vaya cachondeo.
Porqué no dimite nadie?
¿Por qier no derriban en Son Llull habiendo orden de derribo hace años? Y siguen construyendo....
Que les den vivienda en la cárcel, así traficarán en su terreno....