La ministra de Transportes, Raquel Sánchez (de espaldas), saluda a la ministra de Hacienda María Jesús Montero (c) tras su intervención en el pleno. | Efe - Javier Lizón

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El pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que permitirá poner topes a los precios del alquiler en zonas tensionadas, tras un debate en el que el Gobierno ha defendido que esta norma supone el quinto pilar del Estado del bienestar y un avance social sin precedentes.

La ley, pactada por el ejecutivo de coalición con ERC y EH Bildu, se ha aprobado con 176 síes, 167 noes y una abstención, correspondientes al apoyo del PSOE, UP, ERC, Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe, la abstención del BNG y el voto en contra del PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, UPN y el PNV, que ha cambiado su voto a última hora y ha abierto la puerta a un posible recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial.

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El texto, que según los partidos de la derecha solo beneficia a los okupas, pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo.

En clave balear, la presidenta Francina Armengol ha celebrado este avance. La líder del Govern ha vuelto a aplaudir la norma estatal, que «por fin llega» y permite a las comunidades «tomar más decisiones». «Es una gran reivindicación de esta Comunidad y de mi Govern en particular», ha reiterado la líder del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios, valorando que la normativa, «por primera vez, centra donde toca estar» para que «la vivienda deje de ser un bien de especulación y sea un derecho de la ciudadanía».

Además, la presidenta ha destacado dos cuestiones contempladas en la Ley, como son los incentivos a los pequeños propietarios «para que puedan alquilar su casa de manera asequible» y la declaración de zonas tensionadas para topar los alquileres. En referencia a la primera medida, Armengol ha recordado la propuesta de su partido de sumar incentivos propios del Govern a los ya recogidos en la normativa estatal. Por último, la líder de Baleares ha señalado, en cuanto a terrenos que se puedan tener por parte del Ministerio de Defensa, que todavía es necesario que hagan su valoración y la pongan a disposición.