Juan Alonso Rodríguez, Catalina Cladera y Maria Antònia Oliver. | PSIB

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El PSIB quiere poner contra las cuerdas al gobierno de PP y Vox en el Consell de Mallorca con una moción que la semana que viene presentarán en el pleno insular, en la que pedirán que ambos partidos defiendan la Ley de Memoria Democrática de les Illes Balears, que fue aprobada por unanimidad en 2018. Los 'populares' apoyaron esta iniciativa del Pacte, que Vox censura, y que desde entonces ha permitido desenterrar de diversas fosas de las Islas a decenas de víctimas de la represión franquista.

La moción de los socialistas, por lo tanto, reta al PP a posicionarse en este tema, después de que el presidente insular, Llorenç Galmés, permitiera que el conseller electo de Vox David Gil hablara del golpe de estado de 1936 como la «última cruzada de liberación», una exaltación que la ley de memoria prohíbe. La portavoz del Partido Popular en el Consell, Núria Riera, ha reiterado que las palabras de Gil fueron desafortunadas, y que Galmés pidió disculpas a todas las personas que se pudieran sentir ofendidas por este comentario. Además, Riera ha lamentado «PSIB quiera seguir señalando y hablando de un tema que debería estar cerrado, ya que se han tomado las medidas oportunas y ofrecido las disculpas necesarias por nuestra parte».

Siguiendo los hechos cronológicos, después de que esta polémica saliera en los medios, Llorenç Galmés se limitó a calificar de «desafortunadas» las palabras de Gil y defendió la idea de no ir más allá argumentando que está «centrado en las tareas de gobierno». El día después de que el PSIB denunciara a Galmés por permitir el enaltecimiento del golpe de Estado, incumpliendo la ley estatal de memoria democrática, el presidente del Consell condenó las palabras de sus socios de gobierno, pidió disculpas a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista y anunció su intención de eliminar de las actas del Consell las palabras de David Gil. Sin embargo, esto es algo que no se puede llevar a la práctica porque en la institución no se transcriben los plenos como en el Parlament o el Congreso.

La Conselleria de Presidència del Govern confirmó a este diario que ha abierto diligencias previas contra David Gil, pero no contra el presidente Galmés porque aunque la ley estatal de memoria democrática castiga con multas de hasta 100.000 euros a las personas que permitan la exaltación del golpe de estado de 1936, esta es una sanción que no contempla la normativa autonómica. Dos miembros de la Plataforma per la Memòria Democràtica de les Illes Balears, Maria Antònia Oliver y Juan Alonso Rodríguez, han acompañado a la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, en la presentación de la moción en el Consell.