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La Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación ha calculado que con los recortes impuestos por el Gobierno central en 2012 en materia de dependencia se han dejado de ingresar un total de 34 millones en los últimos cuatro años, cosa que ha obligado a la Comunidad Autónoma a «sostener el peso del sistema de atención en la dependencia».

Por esto, la Conselleria de Servicios Sociales y Cooperación ha reivindicado este miércoles en Madrid, en la reunión de directores generales de dependencia con el Imserso, que se devuelva al modelo de financiación anterior a los recortes del Gobierno central en 2012.

Eso supondría volver a un sistema de financiación compartida, con el cual cada comunidad autónoma recibiría una cantidad para costear la estructura necesaria para aplicar la Ley de dependencia, que, en las Baleares, hasta el año 2012, era de 4,5 millones de euros.

Según explican, aparte de estos 4,5 millones, también ha reducido la aportación para cada beneficiario en Baleares. Eso quiere decir, explican, que, de cada prestación de dependencia, que tiene un coste de 2.000 euros por persona, el Gobierno central solo paga 177 euros.