Mercedes Garrido, en la rueda de prensa ofrecida este martes. | @GarridoMercedes

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La consellera de Territorio del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, ha denunciado este martes el «colapso» de la Agencia de Disciplina Urbanística (ADU), que acumula 1.206 expedientes de infracciones en suelo rústico sin tramitar por «falta de voluntad política».

Además, habían «quedado en un cajón» 150 órdenes de demolición firmes y hay 79 recursos de alzada interpuestos por presuntos infractores bloqueados por falta de respuesta, ha informado Garrido en una rueda de prensa en la que ha anunciado un «plan de choque» para «relanzar» la ADU.

Garrido ha responsabilizado al anterior gobierno insular del PP de «haber ido guardando estos expedientes y no haberlos comunicado a nadie» porque «no creía» en la disciplina urbanística, y ha subrayado que las memorias anuales de la ADU no recogían los datos sobre los expedientes acumulados.

La consellera ha resaltado su voluntad de que la agencia se convierta en «un instrumento de protección del territorio», para lo cual es necesario eliminar la «sensación de impunidad» creada por la falta de tramitación de los expedientes y hacer cumplir la ley.

Ha enfatizado, con ironía, que el «objetivo último» de la ADU es «dar miedo» para disuadir a quienes se plantean vulnerar la regulación urbanística en suelo rústico. «Nos hemos marcado el objetivo de ser duros», ha apostillado.

La ADU ejerce directamente el control de la legalidad en suelo rústico en Puigpunyent, Son Servera, Algaida, Marratxí, Campanet, Montuïri, Artà y Felanitx (Mancor, Alaró, Capdepera y Sóller están a punto de sumarse), pero tiene competencia en toda la isla. Cuenta con una plantilla de 15 trabajadores que se ampliará en 12 con el plan de choque anunciado hoy.

El año pasado se completó la tramitación de 40 expedientes, pero Garrido confía en que con el incremento de personal y las medidas de agilización que se pondrán en marcha se triplique o cuadruplique el volumen de gestión.

De los 1.206 expedientes acumulados, 562 se arrastran desde antes de 2009, año en el que se creó la ADU, pero estas infracciones no están prescritas porque afectan a tierras incluidas en áreas protegidas.

En cuanto a los 150 expedientes de demolición, la nueva dirección de la agencia está instando a los infractores a ejecutar la orden apercibiéndoles de multa en caso de incumplimiento.

El gerente de la entidad, Tomeu Tugores, ha informado de la puesta en marcha de un nuevo protocolo de actuación para ordenar la detención de obras ilegales sin necesidad de esperar a la apertura de expediente, para lo cual los inspectores podrán precintar las obras en caso de incumplimiento de la orden.

Garrido ha indicado que durante el anterior mandato los representantes de la ADU ni siquiera disponían de precintos para bloquear las obras irregulares.

La consellera ha expresado su confianza en que el incremento de la efectividad de la actuación del órgano encargado de hacer cumplir las normas urbanísticas en suelo rústico anime a los municipios a adherirse.

Tugores ha aclarado que los casos de edificaciones irregulares expedientados por la ADU se extienden por el suelo rústico de toda la isla, puesto que en los municipios no adheridos el Consell actúa cuando no lo hace el ayuntamiento competente un mes después de interpuesta la denuncia.