El PP denunciará en los juzgados el alquiler del edificio de Son Rossinyol

Así lo ha anunciado esta noche el diputado del PP José María Rodríguez con ocasión del debate y votación de las conclusiones de esta comisión de investigación con ocasión de la celebración del último pleno de la VII Legislatura.

Rodríguez no ha concretado la fecha de cuándo formalizará la denuncia aunque será próximamente, ha asegurado.

Desde el PSIB-PSOE, el diputado Josep Maria Costa ha insistido en que todos los informes concluyen que la contratación fue legal, y ha subrayado que el Ministerio Fiscal archivó en su día de «manera clara» este asunto sin encontrar indicios de delitos de relevancia penal.

Costa ha subrayado que este alquiler respecta «absolutamente» la legalidad y es un caso de eficiencia en la gestión del dinero público, por lo que ha lamentado el uso político del PP esta comisión para «intoxicar», sosteniendo además conclusiones que son «falsas: y se quedan tan anchos», ha apostillado.

Sin embargo, el diputado popular ha defendido que la comisión de investigación ha puesto de manifiesto que la empresa pública CAIB Patromoni fue «empleada» por el Govern para simular un concurso cuando el inmueble fue escogido un año antes, una decisión que según ha mantenido fue tomada por el conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, que tiene una «clara» responsabilidad política.

Además, ha mantenido que la empresa arrendataria -Ca'n Font- levantó este edificio adaptándose a las necesidades del Govern con la información privilegiada que le facilitó el propio conseller u otras personas de su departamento.

Por todo ello, el presidente del PP de Palma ha exigido al presidente del Govern, Francesc Antich, que cese de manera inmediata al conseller.

Desde la Conselleria de Economía y Hacienda, que formalizó el contrato a través de CAIB Patrimoni, se ha recordado que la Sindicatura de Comptes no ha observado ilegalidad alguna, tampoco la Abogacía de la Comunidad Autónoma, y que las conclusiones a las que han llegado los populares están «llenas de falsedades evidentes».

Son Rossinyol, insiste este departamento, es el edificio que mejor responde a las necesidades de espacio de las consellerias de Medio Ambiente y Función Pública y fue la mejor oferta económica que se presentó.

El diputado del Bloc Antoni Alorda ha mantenido que la única intención de los populares con esta comisión ha sido «meter a todos en el mismo saco» y difundir la idea de que la corrupción es «innata» a la gestión política, con la intención de «tapar» el «festival» de asuntos judiciales en los que están imputados políticos del PP y UM.

También ha recordado que el Ministerio Público ha considerado que no es pertinente investigar este asunto, y ha lamentado que el PP no haya tenido la misma sensibilidad para impulsar comisiones de investigación para estudiar el «enriquecimiento» de cargos públicos del PP durante la pasada legislatura.