Un total de 108.000 docentes de la enseñanza pública en Andalucía estaban llamados a secundar la huelga en la que entre las exigencias que plantean los sindicatos destacan la ampliación de la plantilla y la bajada de la ratio. ANPE, Ustea y CCOO reclaman a la Junta que «rectifique y retome el diálogo» para «avanzar hacia un modelo educativo público de calidad e inclusivo». El portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los datos de seguimiento «reflejan que la huelga no tenía sentido ni estaba justificada». Ha reiterado la «predisposición» del Ejecutivo de Juanma Moreno de «seguir reforzando el sistema educativo público» de Andalucía.
Los sindicatos, por contra, han calificado la jornada de «éxito». Por parte de Ustea, Carmen Yuste, ha reivindicado «esta jornada de lucha contra las mentiras de la Consejería, contra los intentos de manipulación constante que quieren hacer creer a la comunidad educativa que lo que viven día a día y ven con sus propios ojos no es verdad. La educación pública andaluza necesita de dignificación».
Francisco Padilla, presidente de ANPE, ha señalado que las organizaciones sindicales convocantes y la comunidad educativa que «se ha unido en masa a esta manifestación, están tomando las calles de las provincias andaluzas reivindicando la negociación colectiva. Desde aquí, lanzamos la oferta de sentarnos a dialogar, a buscar consensos, a buscar acuerdos que mejoren la calidad de la educación pública andaluza».
Lola Escabia, de CCOO Andalucía, ha apuntado que ésta es la primera jornada de huelga pero que se valorarán «nuevas acciones reivindicativas en lo que queda de curso o también de cara al inicio del próximo». Ha lanzado «el guante» a la Administración para sentarnos a negociar« y ha asegurado que »la Junta dice que no están rotas las negociaciones y miente, porque lo que no están rotas son las convocatorias de mesas sectoriales, cíclicas, periódicas e informativas que se producen cada año, pero lo que estamos reclamando es una negociación colectiva real para el profesorado andaluz, con propuestas por escrito por parte de la Administración".
Desde el ámbito político, el diputado y portavoz de Adelante Andalucía José Ignacio García ha subrayado que esta huelga «era imprescindible, se venía necesitando por parte de la comunidad educativa viendo la situación en la que estamos. Se ha convertido en un éxito. Pero éste no es el final de nada, es el principio de un ciclo de movilizaciones en la que se va a demostrar que Moreno no sólo tiene un incendio en Sanidad, sino que también tiene un incendio en Educación». La parlamentaria y portavoz del PSOE andaluz María Márquez ha mostrado el apoyo de los socialistas a la huelga y ha instado al presidente de la Junta a que «escuche a la gente que se está manifestando, que escuche a los profesionales y dialogue y que, evidentemente, invierta en la calidad de la educación pública de Andalucía».
Ante esta convocatoria, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha asegurado que «no hay motivos de peso» para esta huelga. Para ello, ha ofrecido cifras tanto de aumento de plantilla como de bajada de ratio. Sobre los recursos humanos, ha asegurado que en el sistema hay 7.000 profesores más que hace cinco años aunque se han perdido 90.000 alumnos.
Sobre las retribuciones, «los docentes andaluces eran los peor pagados de España y ahora están por encima de la media salarial de España», ha defendido la Junta, para la que la plantilla es ahora «la más amplia, la mejor pagada y la más estable de la historia». En este punto, ha recordado la próxima convocatoria de 14.000 plazas para 2025 y 2026 y ha remarcado que desde 2019 y hasta 2026, la Junta habrá convocado 40.000 plazas, «el triple» de lo que convocaron gobiernos autonómicos socialistas en el mismo periodo de tiempo.
En cuanto a la media de alumnos por clase, en el 44% de las aulas --sólo de la pública y sin contabilizar la escuela rural-- de Infantil y Primaria, la ratio está por debajo de los 20 alumnos. En el caso de Secundaria, el 92% de las aulas están por debajo de los 30 estudiantes que fija la ley. «Son motivos para seguir trabajando», ha abundado la Administración, que ha afeado al PSOE su apoyo a esta huelga y a las concentraciones previas en las que, según la Junta, «se nos pidió que cerráramos la concertada, una pieza clave» del sistema. «No lo puedo entender», ha apuntado.
La Consejería ha defendido que el diálogo se mantiene abierto en la mesa de negociación, en la que en estos momentos hay tres temas que se están abordando, tales como el refuerzo de plantilla en zonas de transformación social, la ley de autoridad docente y la desburocratización. «No encuentro los motivos para esta huelga. Francamente, no encuentro motivos de peso», ha sentenciado.
En un comunicado conjunto, los tres sindicatos convocantes de la huelga remarcan la «necesidad» de aumentar las plantillas docentes de la educación pública andaluza. A principios de este curso, ya reclamaron a la Consejería la apertura de negociaciones para avanzar en este tema que consideran «una necesidad urgentísima». Pese a que parecía haber «un leve inicio de negociaciones» al respecto del aumento del número de docentes, «después de meses de pocos avances y continuas dilaciones y cortapisas el pasado 1 de abril la Consejería de Desarrollo Educativo y FP rompió unilateralmente estas negociaciones escudándose en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2024».
Ante esta «falta de consideración», ANPE, Ustea y CCOO han convocado una general docente el próximo 14 de mayo y movilizaciones en todas las capitales de provincia. «Con esta jornada de huelga, exigimos la reanudación de las conversaciones y el cambio de actitud de la Consejería que haga posible, esta vez sí, avanzar verdaderamente en medidas que refuercen la escuela pública andaluza y dignifiquen la labor del profesorado que la sostiene».
«Andalucía tiene transferidas muchas competencias, también las de educación, y el Estatuto de Autonomía recoge el derecho y el deber de las instituciones andaluzas de ejercer sus competencias para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, no existen excusas para la ruptura de las negociaciones y la decisión de la administración sólo responde a la falta de voluntad política del Gobierno de la Junta para afrontar una mejora del sistema público que no puede esperar», han argumentado.
Las centrales sindicales convocantes han reclamado al Gobierno andaluz y a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP que «asuma su responsabilidad sin escudarse en un contexto estatal que no es ni puede ser un obstáculo para la defensa de la educación pública», al tiempo que han reivindicado una mejora de las condiciones laborales del colectivo docente, y sobre todo, una serie de medidas que garanticen una educación pública de «máxima calidad».
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