La Fiscalía ha reducido finalmente de seis años de cárcel a cuatro años y un mes de prisión, su petición de condena para los exalcaldes socialistas de Los Palacios y Villafranca Emilio Amuedo y Antonio Maestre, por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación derivado de una ayuda «ilegal» de 750.000 euros recibida por el Ayuntamiento palaciego con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos, de la que se nutría la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Así ha sucedido este viernes en la última sesión del juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, contra Emilio Amuedo Moral, alcalde de Los Palacios hasta marzo de 2004; Antonio Maestre Acosta, alcalde desde junio de 2004 hasta 2011; y Trinidad Rodríguez Velasco por su papel como interventora municipal.
En ese sentido, mientras en su escrito de calificaciones provisionales la Fiscalía reclamaba seis años de prisión para cada uno de los tres acusados, considerándoles autores en toda regla de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación; a la hora de las conclusiones finales, el fiscal encargado del caso les ha atribuido el papel de cooperadores necesarios en su condición de «extraneus», solicitando cuatro años y un mes de cárcel para cada uno de ellos, así como 12 años de inhabilitación absoluta y ocho años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, petición esta a la que se ha adherido el PP-A como acusación popular.
En el caso de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, ha subido sus peticiones de condena, pues en su escrito inicial de calificaciones provisionales solicitaba cuatro años de condena para cada uno de los acusados y en sus conclusiones ha pedido seis años y un día de prisión para cada uno de ellos.
El protocolo inicial del centro ecuestre
En su informe final, el fiscal ha señalado que en marzo de 2003, Emilio Amuedo, como alcalde de Los Palacios, firmó un protocolo de intenciones con Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, condenado por el «procedimiento específico» de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y carentes de publicidad y fallecido en 2020; para que la Administración andaluza apoyase económicamente el proyecto planeado por el Ayuntamiento para levantar un centro ecuestre en la localidad.
Y lo hizo sin que figurase ningún «plan de viabilidad» pese a que tal extremo se trata de una «exigencia reglada» por las leyes de ayudas publicas, toda vez que Amuedo aseguraba en el juicio que dicho documento sí fue remitido por el Consistorio palaciego a la Junta.
En cualquier caso, el fiscal ha reiterado que tras ello, Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo firmó un acuerdo con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para que el mismo pagase más de 901.000 euros al Ayuntamiento de Los Palacios para el citado proyecto del centro ecuestre, con cargo a la partida 31L de los presupuestos andaluces, toda vez que posteriormente, según la Fiscalía, el Ayuntamiento recibió «tres pagos por importe total de 750.000 euros»; pero sin que el mismo fuese parte de este segundo convenio.
Los tres pagos de los fondos
Más al detalle, en 2004 recibió 50.000 euros cuando Emilio Amuedo era aún el alcalde y ya en 2005, con Antonio Maestre como primer edil, obtuvo sendos pagos de 200.000 y 500.000 euros, siempre sin que hubiese ninguna convocatoria oficial de ayudas, ni solicitud formal de fondos por parte del Ayuntamiento, ni memoria justificativa, ni documento de concesión por parte de la Junta, ni aceptación de los fondos por parte del Consistorio, según el fiscal, que ha remarcado que todo sucedió con una «omisión total y absoluta» de los procedimientos reglados a los que están ceñidos las subvenciones públicas.
A tal efecto, ha señalado que Emilio Amuedo y Antonio Maestre, «por el hecho de ser alcaldes» eran conscientes de que las ayudas públicas están sujetas a toda una serie de formalidades como las descritas, después de que Amuedo alegase en el juicio que confiaba en Guerrero por el cargo que este ostentaba como director general de Trabajo y Seguridad Social y que fue la Junta la que «encauzó» todos los trámites.
De este modo, el fiscal ha avisado de que los fondos autonómicos recibidos por el Ayuntamiento incurrían en una «causa de nulidad» y el ingreso de los mismos fue «indebido e ilegal», toda vez que la entonces interventora municipal «debió poner reparo» formal a dicho ingreso, pero no lo hizo incurriendo en un «incumplimiento manifiesto de sus obligaciones» como habilitada nacional, según ha destacado.
"una cantidad tan grande" de dinero público
Y después de que Antonio Maestre, sucesor de Amuedo en la Alcaldía, manifestase en el juicio que los pagos de 200.000 y 500.000 euros realizados por la Junta al Ayuntamiento durante su etapa al frente del mismo fueron ingresados sin que la Administración andaluza «especificase» que se trataba de fondos concretos para el proyecto del centro ecuestre; el fiscal ha señalado que como alcalde, Maestre no podía «desconocer» a qué correspondía «una cantidad tan grande de dinero» público.
Es más, ha recordado que Maestre llegó a remitir a Francisco Javier Guerrero el proyecto básico del centro ecuestre, extremo que el exalcalde atribuía a los técnicos municipales y que su papel se redujo a firmar el documento.
Tras asegurar Maestre que dicho dinero fue destinado a sufragar «el día a día» del Consistorio, siempre a «gasto público», el fiscal ha destacado en su informe final que los fondos fueron aplicados a pagar «deudas» del Ayuntamiento de Los Palacios, un fin «indebido e ilegal», según ha insistido.
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