En rueda de prensa, la también vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero ha expresado su «sorpresa y perplejidad» porque el Ejecutivo ha conocido este informe a través de los medios de comunicación, y se ha quejado de que «nadie se ha puesto en contacto con nosotros».
Los «graves errores» que contiene el informe «están provocados de forma consciente e intencionada por el Gobierno de España», en alusión a «las informaciones sesgadas, partidistas e interesadas, una vez más con la única intención de seguir haciendo una política de trinchera, de seguir confrontando con las comunidades que no son las palmeras de Sánchez, y refleja su política de 'conmigo o contra mí».
Entre «los bulos» del informe, Vaquero ha indicado que en Aragón no se ha aprobado una Ley de Concordia, sino una ley para derogar la Ley de Memoria Democrática, «que divide, es fracturadora y deja a un lado a buena parte de los aragoneses».
Ha avanzado que antes del próximo verano «estará disponible» un Acuerdo de Concordia «basado en el espíritu de la Transición» y cuyo objetivo será que «todos los aragoneses que tienen familiares víctimas de la violencia durante la segunda república, la guerra o la dictadura puedan localizar a sus familiares en fosas o cunetas y darles una digna sepultura».
Vaquero ha tildado también de «bulo» que se haya eliminado el mapa de fosas, haciendo notar que es previo a la Ley de Memoria Democrática, añadiendo que tampoco se ha suprimido la web, que «todavía está». Ha lamentado «el interés del Gobierno de España de provocar este tipo de errores».
Escudo de la libertad de los aragoneses
La portavoz del Ejecutivo ha enfatizado: «Vamos a seguir siendo un escudo para defender la libertad de los aragoneses, sus derechos y el espíritu de concordia que alumbro la Transición, que ha garantizado las mayores etapas de convivencia, paz y pluralismo tanto para Aragón como para el conjunto de España».
Vaquero ha insistido en que la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón «va dirigida a que todas las víctimas de violencia ideológica tengan el debido reconocimiento, que tengan dignamente reconocida su memoria, a diferencia de la ley de 2018, que dejaba fuera a una parte de los aragoneses que habían sido víctimas de esa violencia».
Ha negado, asimismo, que la derogación de la Ley de Memoria Democrática invisibilice las violaciones de derechos humanos. «No es verdad», ha zanjado, observando que la ley nacional se aplica en toda España. A su juicio, «al Gobierno de España no le importan las víctimas, sino que quiere utilizarlas para seguir llevando a cabo la táctica de la confrontacióin, la división y el enfrentamiento entre todos los españoles».
Asimismo, ha expuesto que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón dijo 'no' a la Ley de Memoria Democrática por considerar que «era divisoria, trataba de confrontar» y seguía en «la política de bandos».
Por su parte, la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, ha recalcado que no es necesario regular por ley la protección de los lugares de memoria, «que ya se protegían mediante decretos», ni los vestigios de la guerra civil, ni el banco de ADN, ni las rutas de memoria: «No hace falta una ley para regularlo».
Bilateral
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno de España convocará previsiblemente la próxima semana la Comisión Bilateral con Aragón tras el «contundente» informe de la ONU sobre la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática de la CCAA y las llamadas leyes de concordia de Castilla y León y la Comunidad Valenciana.
Al respecto, Mar Vaquero ha afirmado: «Tendremos las reuniones que sean necesarias, pero esto va a venir precedido por una actitud desafiante, desleal y de falta a la verdad por parte del Gobierno de España», añadiendo que el Gobierno de Aragón no tiene «ningún inconveniente» en reunirse en la Bilateral.
Ha puntualizado que la reunión de la Bilateral «exige una preparación y consensuar los temas porque el Gobierno de Aragón no va a ser palmero de sus urgencias personales ni de sus caprichos», rechazando «utilizar el Estatuto de Autonomía como panfleto del Gobierno de España».
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