Pueyo ha preguntado al Ejecutivo central «qué le parecen al Gobierno los hechos sucedidos el pasado 6 de septiembre en la localidad de Barbastro» y si considera que son aptos para ser visualizados por personas menores de edad.
También, «cómo encajarán el Ministerio de Cultura y otros Ministerios competentes las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas», si piensan ignorarlas, «apelando a la supuesta protección jurídica de la tauromaquia».
Por último, el parlamentario de Sumar cuestiona si los Ministerios de Cultura y Derechos Sociales van a tomar alguna medida «en relación con la presencia e incluso la participación de personas menores de edad en eventos tauromáquicos».
En los antecedentes de la pregunta, el diputado de Sumar recuerda que «la presencia de menores de edad en un desencajonamiento, en el que pueden producirse situaciones de riesgo para los propios animales y las personas, contraviene la línea que viene mostrando el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas respecto a la relación entre la tauromaquia y la infancia y adolescencia».
En 2018, el citado Comité pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en espectáculos de tauromaquia, «con un texto muy claro al respecto», señala APDDA en una nota de prensa.
«En su apartado 25, especifica: 'Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia».
Asimismo, recientemente, el organismo de expertos de Naciones Unidas ha manifestado que «los niños deben ser protegidos de todas las formas de violencia física y psicológica y de la exposición a la violencia, como la violencia doméstica o la infligida a los animales».
«Esta nueva recomendación tiene un encaje evidente en la exposición que sufren niñas, niños y adolescentes a la violencia contra los animales o entre animales, como el caso de Barbastro».
Así, «las Administraciones tienen una obligación para con la protección efectiva de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que no están cumpliendo», ha aseverado Pueyo.
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