«Catalunya necesita que en el próximo año 2024 reactivemos la mesa de diálogo para alcanzar en ella un acuerdo y que este acuerdo pueda ser votado por los catalanes y las catalanas. Y yo me comprometo, para el año 2024, no solo a reactivar esa mesa, sino a que ese acuerdo sea posible», ha garantizado en una entrevista de 'La Vanguardia' de este lunes recogida por Europa Press.
La también vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha abogado por que España sea «un país de países, un país diverso, plurinacional».
Sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, se ha mostrado «partidaria de respetar la legalidad vigente y, por supuesto, las resoluciones judiciales», tanto si las comparte como si no, ha añadido.
El impuesto de sociedades, un "queso gruyère"
Díaz ha insistido en que pactar con las patronales la reducción de la jornada laboral «es posible» porque según ella aumenta la productividad y ha enmarcado la presencialidad y las horas extras en fórmulas viejas que no funcionan, en sus palabras.
«Las horas extras no retribuidas se van a acabar», ha avisado, y ha dicho que durante su liderazgo al frente del Ministerio de Trabajo las horas extras semanales han pasado de las seis millones a tres.
Asimismo, ha hecho «un llamamiento a los pensionistas para que salgan a defender el sistema público de pensiones» y ha criticado que --en sus palabras-- el PSOE no se niegue a debatir sobre alargar la jubilación hasta los 70 años.
Ve en España «una profunda injusticia fiscal, hay privilegios y hay escaqueo de los que más tienen» y ha tildado el impuesto de sociedades de queso gruyère por las bonificaciones y deducciones.
«Haremos que las rentas del capital sean las que más tributen», ha prometido, y ha reivindicado un impuesto a grandes fortunas más ancho y reelaborar los gravámenes de la distribución, la energía y el sector financiero.
Reforma laboral en el sector público
Díaz también ha abogado por una reforma laboral en la administración pública, y ha calificado de vergonzante la precariedad de los sanitarios: «La misma reforma que hemos hecho en el mundo del trabajo privado», ha descrito.
Ha reivindicado crear una agencia pública farmacéutica, impulsar «un plan de desprivatización de la sanidad» y una ley que regule las listas de espera como derecho subjetivo y por la que los ciudadanos tengan --textualmente-- derecho a ser intervenidos con carácter inmediato.
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