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La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha destacado este martes que la cesión de derechos de riego entre titulares es «una herramienta jurídica completamente legal» y favorece «un óptimo aprovechamiento» de los escasos recursos disponibles.

De esta manera y en un comunicado responde a las críticas de la Mesa Social del Agua de Andalucía, en la que se alertó de un «mercadeo» en la cesión de derechos.

Feragua ha apuntado que esta cesión de derechos viene recogida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y se ha contemplado de forma explícita en los decretos de sequía que se han publicado al amparo del artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas, tanto de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir como del resto de demarcaciones.

«Esta figura se ha venido utilizando de forma habitual en situaciones de sequía en los últimos 20 años y ha permitido un mejor aprovechamiento del agua de cientos de hectómetros cúbicos en España, a veces entre usuarios de una misma cuenca y otras veces entre usuarios de distintas cuencas», ha detallado.

Así, Feragua pone como ejemplo que más de 250 hm3 se han transferido del Tajo al Segura a través de esta figura desde 2006 hasta 2015. Entre comunidades del Guadalquivir y Aguas de Almanzora se han movilizado más de 60 hm3. Entre usuarios de la Demarcación del Segura se han cedido más de 65 hm3.

Además, apunta que estos acuerdos están abiertos a todos los usuarios y son autorizados por los respectivos organismos de cuenca, dentro de una misma cuenca, o por el Ministerio, en transacciones entre usuarios de distintas cuencas.

Feragua también ha indicado que las fuertes restricciones impuestas por la sequía en esta campaña de riego hacen que el agua que corresponde a algunos titulares les resulte insuficiente para sacar adelante sus cultivos. Sin embargo, advierten de que estos derechos sobre el agua pueden ser de «extraordinaria utilidad para otros».

«Para unos, como potenciales cedentes, y para otros, como potenciales cesionarios, la cesión de derechos aparece en esta coyuntura como una opción interesante y complemente legal para dar el mayor y el mejor uso posible a los escasos recursos disponibles», ha insistido.

Esa utilización «óptima» de los escasos recursos hídricos disponibles es, según Feragua, lo que demanda además el interés general del regadío y de las poblaciones que viven del mismo, así como el interés general de la sociedad, a la que el regadío aporta garantía y soberanía alimentaria, además de desarrollo económico y empleo.

"no es una empresa privada"

Feragua ha querido aclarar que «no es ninguna empresa privada» sino una asociación sin ánimo de lucro, legalmente constituida y debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía. Igualmente, recuerda que, de acuerdo con sus estatutos, pueden pertenecer, en el libre ejercicio de su derecho fundamental de asociación, cualquier persona física o jurídica que sea titular de algún derecho para el uso de las aguas públicas con destino riego de acuerdo con la normativa de aguas.

También ha resaltado que es «una entidad asociativa independiente y profesional, no adscrita a sindicato agrario alguno», que lleva desde 1994 defendiendo y representando los intereses de sus asociados. «No tiene, por tanto, servidumbres políticas ni sindicales de ningún tipo, ni responde a otros intereses que los profesionales ni a ningún otro objetivo que velar por el interés general del regadío andaluz», ha subrayado.

En esa misión, representa a más de 330.000 hectáreas en toda
Andalucía y el tamaño de las comunidades de regantes asociadas es de una media de 10 Ha por explotación, con asociados en todas y cada una de las cuencas y provincias andaluzas.

Entre otras actividades, Feragua recoge, analiza, debate, concluye, tramita y defiende las inquietudes y aspiraciones que sean de interés general de sus miembros; asesora técnica y jurídicamente a las comunidades de regantes y demás asociados en cuantos asuntos les afecten relacionados con el regadío, tales como el cumplimiento de la
normativa y tramitación de procedimientos administrativos, y mantiene relaciones con la Administración pública estatal, autonómica y local, así como con los organismos de ella dependientes; en especial, con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Administración hidráulica andaluza.

Ceder agua asignada a los arroceros

La asociaciones de regantes ha indicado que ha sido «en el ejercicio exacto de estas funciones y en el cumplimiento de los objetivos y actividades marcados por sus estatutos» en el que ha informado a sus asociados de la intención de las comunidades arroceras asociadas de ceder el volumen de agua que les asignó la Comisión de Desembalse el pasado 17 de abril, así como de la compensación económica por la que estarían dispuestas a hacerlo.

En este sentido, Feragua prestará asesoramiento técnico y jurídico para la formalización de los contratos de cesión que, finalmente, puedan materializarse y su correcta tramitación administrativa, de acuerdo con lo exigido por los artículos 67 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas y concordantes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

«La participación de Feragua en esta cuestión ha sido, es y será, en definitiva, la de informar y poner en contacto a titulares de derechos interesados en acordar una cesión de derechos», ha resaltado, toda vez que ha negado que promueva la especulación con el precio de estos derechos.

«Al contrario, promoviendo la utilización voluntaria y responsable de una figura jurídica que tiene en este momento un evidente interés público, y cuyo empleo es fundamental para aliviar el daño provocado por la sequía importancia y en particular para salvar la arboleda, de la que depende en gran medida la economía rural de la Cuenca del Guadalquivir», ha detallado.

Según ha avisado, en la materialización de estos acuerdos, hay «miles de jornales en juego», por lo que espera que puedan firmarse pronto y la autorización administrativa llegue a tiempo de poder aprovechar dichos volúmenes cedidos, en beneficio de todos los regantes, tanto cedentes como cesionarios, asociados o no a
Feragua, y también en beneficio del interés general, garantizando el mejor uso de la exigua dotación disponible.

Del mismo modo, ha destacado que estas operaciones de cesión de derechos entre concesionarios de agua «no son potestad exclusiva de los titulares de derechos integrados en Feragua, sino que están abiertas a todos los titulares de derechos de agua que cumplan con los requisitos legales».

En este sentido, ha animado a todas las asociaciones representativas del regadío a que promuevan la cesión de derechos entre sus asociados, «en vez de obstaculizarla en perjuicio del interés general y el aprovechamiento óptimo de los recursos».

Por último, Feragua ha querido hacer hincapié en que «todos» los contratos tendrán que ser autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ha explicado que una central de intercambio de derechos --figura jurídica a través de la cual la administración ejerce de intermediario entre los posibles cedentes y cesionarios, sacando una oferta pública para la adquisición de los derechos y luego otra de venta para todos los posibles interesados--, requiere de unos plazos mínimos administrativos que la hacen «totalmente inviable para esta situación».