La infrafinanciación de la Comunitat Valenciana es la causa del 75,5 por ciento de su endeudamiento, que representa un 44% del PIB, y supone una carga «inasumible» que hace necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica (SFA) que vaya aparejada a una condonación o reestructuración «agresiva» de la deuda vinculada a la infrafinanciación. La única vía para que la Comunitat Valenciana pueda volver a financiarse en los mercados.
Así lo han defendido expertos de AFI, Fedea, AIReF, Funcas e Ivie durante la 'Jornada IvieLAB. Deuda y sostenibilidad de las finanzas autonómicas', que se ha celebrado en València para abordar la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica.
El investigador del Ivie Francisco Alcalá ha presentado el informe 'Insuficiencia acumuladas y ruptura de equilibrios en la financiación de las Comunidades Autónomas', que refleja que la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana es la principal causa de su endeudamiento, que en 2022 representa el 44% del PIB de la región, pero también le obliga a incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía por encima de la media. Deuda y más impuestos son necesarios para poder disponer de recursos que permitan ofrecer servicios públicos fundamentales.
Alcalá explica que el objetivo del estudio es que las CCAA «vuelvan a los mercados financieros», para tener «una disciplina fiscal que no esté comandada por los criterios políticos» y las «afinidades» del Gobierno central del momento. El problema, ha indicado, es que salir a los mercados «no es sostenible sin una absorción del Estado de la deuda», porque pagar tipos de interés en los mercados supondría gastar el 12% del presupuesto financiero de la Comunitat en pagar intereses, cuando «ni llega la financiación para pagar los servicios». «Hay que hacer una quita», defiende.
El estudio pone de manifiesto que la modificación del modelo de financiación en 2009 dio lugar a desequilibrios y un problema de insuficiencia colectiva. La financiación efectiva por habitante ajustado de las CC.AA. de régimen común cayó un 11,3% y la realidad financiera para la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta la financiación efectiva en lugar del impreciso cálculo normativo que realiza el propio SFA, es que sus recursos han caído un 12,6%, desde los 2.592? euros por habitante ajustado durante el modelo anterior a los 2.265? entre 2009 y 2019.
La financiación efectiva homogénea de la comunidad mejor tratada por el sistema, Cantabria, es un 31,4% superior a la de la región peor considerada, la Comunitat Valenciana. Esto significa 729? menos por habitante ajustado para atender las necesidades de su ciudadanía.
Las consecuencias de la infrafinanciación de la Comunitat, que alcanza los 36.550 millones de euros a finales de 2019 (7.509? per cápita), son, en primer lugar, el rápido crecimiento del endeudamiento autonómico durante el periodo 2009-2019, y en segundo, un aumento de la presión fiscal: el esfuerzo fiscal realizado por la Comunitat Valenciana es tres veces superior a la media de las autonomías. Sin este sobresfuerzo fiscal, su endeudamiento hubiese crecido en 7.284 millones de euros adicionales entre 2009 y 2019, un 15% más.
Con una deuda autonómica superior a los 50.000 millones de euros, la elevación en dos puntos del tipo de interés que paga la Comunitat Valenciana supondría detraer un 8% adicional de los insuficientes recursos que le proporciona el sistema de financiación autonómica. Si además intentase reducir su deuda en un 1% cada año, tendría que dedicar un 12% de sus recursos autonómicos a pagos financieros adicionales.
Alcalá ha indicado que entre los economistas hay «consenso en que es insostenible la situación actual» tras «décadas» de reparto «discriminatorio» en los que «hemos ido creando una bola de nieve de deuda tremenda» que solo es sostenible «si el estado sigue financiando los intereses». «Esta no es la manera de organizar el estado de las autonomías, tienen que tener responsabilidad fiscal y acudir a los mercados», lo que pasa por una reforma del sistema de financiación y una absorción de deuda, ha defendido.
Durante la jornada, el experto de la Universitat de València Antoni Zabalza ha expuesto que las CCAA han absorbido la infrafinanciación del sistema en un 48% a través endeudamiento y en un 52% en permitir el deterioro de servicios públicos. Ante ello, se ha mostrado partidario de una quita que «no puede ser uniforme» entre los distintos territorios, sino que debe obedecer a una fórmula de coeficiente de condonación que atienda a parámetros como la deuda justificada, la deuda efectiva, la subfinanciación y el deterioro de los servicios públicos. Propone así una condonación de 14 puntos del PIB, que dejaría la deuda en un 10,7% del PIB.
Por su parte, la socia de finanzas públicas de Analistas Financieros Internacionales (AFI) Carmen López ha incidido en que con los altos tipos de interés a medio plazo, «no queda otra que hacer una reestructuración de la deuda», antes que una condonación porque cree que esta es «legalmente muy difícil y puede provocar muchas tensiones entre comunidades autónomas».
Esta reestructuración, a su juicio, «sobre todo en las CCAA más endeudadas, tendría que ser muy agresiva», con «plazos, por ejemplo, de 75 años de ampliación del plazo de la deuda y reducción del coste casi a coste cero para volver a la ratio de carga financiera o deuda sobre PIB que fueran similares a los de las regiones menos endeudadas». Advierte que, «si no se produjese esta reestructuración o quita» las comunidades más endeudadas «tendrán que seguir dependiendo de los mecanismos estatales» y no podrán salir a los mercados financieros porque «probablemente el coste sería demasiado elevado».
La reestructuración debe «ir de la mano» de una reforma del sistema de financiación autonómica, ha afirmado, para que después de «poner el contador a cero» esta deuda no vuelva a incrementarse en el tiempo. Sobre cómo efectuar esta reforma, ha señalado que no debe tener en cuenta solo la población ajustada sino también «nuevas variables». «Puede que haya comunidades que pidan compensaciones» tras la reestructuración de la deuda de otras, por lo que «la reforma del modelo no es tan sencilla como desde un punto de vista teórico podría parecer», ha advertido.
En la misma línea se ha pronunciado, desde Funcas, Santiago Lago, que no es partidario de la quita porque para resolver el problema tendría que ser «muy extensa» y en su opinión «no se puede aplicar a todas las CCAA que tienen deuda, particularmente Cataluña», y se generarían «respuestas muy virulentas por parte del territorio español». En ese sentido, pone el foco en ajustar la carga de la deuda para que «no entorpezca el día a día de las CCAA» y garantizar a largo plazo intereses «muy bajos» para obtener una carga «asumible» que hagan que «la deuda no sea una losa inmanejable».
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