Archivo - La consellera de Feminismos e Igualdad, Tània Verge, en sesión de control. Foto de archivo. | DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

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La consellera de Feminismos e Igualdad, Tània Verge, ha afirmado este miércoles que los Presupuestos de la Generalitat para 2023 son «una excelente oportunidad de avanzar» en el derecho a la reparación de las víctimas de violencia machista, mejorando las indemnizaciones que reciben.

Tras una pregunta de la diputada de ERC Raquel Sans durante la sesión de control en el Parlament, la consellera ha explicado que la ley de acompañamiento de los Presupuestos plantea incrementar las cantidades de las indemnizaciones y ampliarlas a nuevos supuestos.

En el caso de los niños huérfanos por feminicidio, las cantidades se multiplican por cinco, hasta los 40.000 euros, al igual que las que recibirán las madres víctimas de «violencia vicaria» cuyos hijos han sido asesinados por los padres, y sin necesidad de presentar sentencia firme --basta con las diligencias policiales--.

Para las mujeres supervivientes de violencia machista, se mantiene la cantidad pero se elimina el requisito de presentar informes sobre secuelas porque es «revictimizador», ha detallado Verge.

La ley también busca hacer compatibles estas indemnizaciones con prestaciones sociales como la renta básica garantizada, y Verge ha advertido que, con el «acuerdo histórico» para subir un 8% el indicador de renta de suficiencia, las cantidades de las ayudas también se van a actualizar.

Plan ante ataques a entidades de derechos

A preguntas de Ángeles Llive (ERC), Verge ha reivindicado el plan de apoyo de su departamento a entidades de derechos humanos que sufren los ataques «de la extrema derecha y grupos antiderechos», crecientes en Catalunya y en el mundo, ha dicho.

En el marco de este plan, la Generalitat llevará a cabo una encuesta para monitorizar el tipo de ataques que padecen y ofrecerá herramientas de «autoprotección» y de recogida de pruebas para facilitar la posterior denuncia.

También se activarán mecanismos de atención y reparación, además de asesoramiento jurídico en todo el territorio, y apoyo mediante subvenciones y «actuaciones para parar» campañas como el bus de Hazte Oír que la Generalitat inmovilizó.