Las futuras condiciones de explotación del trasvase Tajo-Segura introducen un mecanismo corrector, acompañado de una serie de inversiones de más de 1.000 millones de euros, que afecta a los criterios relativos al establecimiento de los caudales ecológicos y que debe servir para garantizar la llegada de agua a los regadíos alicantinos.
En concreto, los incrementos paulatinos de los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, que se propusieron inicialmente, dejan de ser fijos e inamovibles y estarán sometidos a revisión. Por lo tanto, si se cumplen los objetivos ambientales fijados, no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026, de tal manera que los caudales ecológicos no verían aumentado su valor y, por ende, no comprometerían la continuidad del trasvase.
En este sentido, la Generalitat Valenciana ha considerado un «avance importante» la modificación que se ha operado respecto a los planes iniciales que se presentaron, en la medida en que el establecimiento de ese mecanismo «sienta las bases necesarias para el mantenimiento futuro del trasvase».
Así, ha valorado «positivamente» la «predisposición negociadora» que ha mostrado el Ministerio de Transición Ecológica y ha asegurado «entiende que las mejoras que se han conseguido son fruto del diálogo, el trabajo y la voluntad de entendimiento entre las partes».
Asimismo, la Generalitat ha destacado, según ha indicado en un comunicado remitido a los medios, «la colaboración que en todo momento han mostrado las asociaciones de regantes durante el proceso negociador».
1.600 euros en inversiones
Para poder cumplir los objetivos ambientales fijado, el Gobierno aprobará inversiones por valor de 1.000 millones para la depuración de aguas procedentes de Madrid, cuyo nivel de contaminación actual constituye una de las principales causas del mal estado de las masas de agua a su paso por Aranjuez, termómetro que sirve para valorar y establecer el valor de los caudales ecológicos.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo contempla otro plan inversor dirigido a la cuenca del Segura que contará con un presupuesto de unos 600 millones de euros que, en este caso, se destinarán a incrementar la producción de las desaladoras, a mejorar la interconexión entre las mismas para facilitar el abastecimiento de agua en las diferentes zonas y a la instalación de energía fotovoltaica.
Todas estas medidas, que deberán ser aprobadas en la reunión del Consejo Nacional del Agua del próximo día 29, suponen una modificación importante de los planteamientos iniciales, ante los que la Generalitat Valenciana ya expresó su oposición.
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