El gran reto de los próximos gobiernos autonómicos, ya que no se circunscribe a una legislatura, es el acceso a una vivienda por parte de los ciudadanos de nuestras Islas.
Aunque siempre se ha hablado de la dificultad de encontrar viviendas a precios asequibles, y del esfuerzo del porcentaje salarial a esa finalidad, la situación actual roza el dramatismo; y en los próximos años se mantendrá, al margen de la voluntariedad de la norma recientemente aprobada en el Parlament, sin el amplio respaldo que hubiera sido deseable para que la ley -con medidas para el medio y largo plazo- no tenga el riesgo de modificación tras las próximas elecciones, al contar únicamente con los votos de la bancada popular, y la abstención de Vox.
A fecha de hoy nadie puede decir, sin margen de error, si esas medidas van a permitir a un número elevado de ciudadanos, en la actualidad o en el futuro más inmediato, cubrir sus necesidades habitacionales; para conocer si existen otras alternativas a esas iniciativas es bastante explicativo estar al corriente de las posturas defendidas por quienes se han opuesto a ellas, y sinceramente, escuchando a los portavoces de esos grupos contrarios en el pasado pleno, la consellera del ramo puede darse por satisfecha.
La mayor crítica al Govern de Prohens es «haber escuchado principalmente a los promotores y constructores». Si hay que mejorar la oferta de vivienda en el medio y largo plazo, a quien primero debía preguntarse es a aquellos que pueden llevarlo a cabo. La izquierda ha tenido una ocasión inmejorable para demostrar que la iniciativa pública tenía capacidad para garantizar la cobertura de esas necesidades, gobernando de manera continuada durante ocho años, con presupuestos expansivos cada año; el balance es a todas luces revelador de la dependencia del sector privado.
Los representantes de la izquierda deben dejar de señalar al sector privado por tener como objetivo la obtención beneficios; estos responden a la compensación de la asunción del riesgo económico y de la inmovilización de recursos que se requiere. El sector público no los asume, simplemente el riesgo lo traspasa a los ciudadanos mediante el aumento de impuestos.
Otro indicador de la falta de alternativas ha sido contemplar como en el debate parlamentario se hablaba de temas que nada tienen que ver con las medidas de viviendas, como la oficina anticorrupción y la designación de la ex secretaria general de la Conselleria para ese cargo, o la denuncia sobre los aumentos en el precio de la vivienda del último año -que en todo caso sería autodenuncia al derivarse de la política de vivienda de los últimos ocho años, no de un par (mallorquín) de meses-. Cuando se recurre a ello, es que hay poco que criticar.
En las normativas sobre las iniciativas en materia de viviendas es deseable que cuenten con el mayor consenso posible, aunque el mismo no asegura el éxito; basta recordar la unanimidad con la ley Carbonero de 2008, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección pública, y que, hasta la fecha, ha proporcionado cero VPO; ejemplo Son Bordoy. Eran urgentes en 2008. Esperemos mejor suerte a la Ley Vidal.
2 comentarios
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Debe haber un gran pacto para poner límite ya al crecimiento poblacional. No estamos obligados como comunidad a aumentar el gasto público en infraestructuras y servicios hasta el infinito, al ritmo de la demanda, al ritmo del crecimiento poblacional, al mismo tiempo que la calidad de vida en las islas baja en picado. Límites ya. Y una vez puestos los límites apliquen la Ley estatal de vivienda. Precios topados ya. Y más garantías para el arrendador. No más gente. No más cemento. Políticos inútiles o vendidos a lobbies de presión. Promotores y constructores, váyanse a Castilla La Mancha. Allò és molt ample.
Si dedicam els 5000 milions que pagam a Espanya a tomar hotels de primera línea i a dedicar la segona línia a vivenda pels residents, s'ha acabat el problema. Després podem seguir amb la reducció dels ports i aeroports