Un camarero atiende la terraza de un establecimiento de la Plaça des Pins, en Ciutadella. | Gemma Andreu

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El sindicato CCOO recriminó al Govern Balear su negativa a abordar el debate sobre la implantación de la jornada laboral reducida y le exigió la inclusión de esta cuestión en la negociación colectiva.
En ese sentido, la organización sindical pidió una rectificación al conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, quien señaló que la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas semanales -una de las reivindicaciones de la marcha del 1 de Mayo junto con la subida salarial- es «realmente difícil».

«Se le olvida tener en cuenta las necesidades de conciliación y descanso de los trabajadores en favor de las necesidades empresariales», declaró la secretaria de Ocupación, Mariàngels Aguiló, quien compareció en rueda de prensa junto a la secretaria de Acción Sindical, Cati Ginard. Ambas exigieron una «rectificación» al conseller y señalaron que la implantación de una jornada reducida redundaría en una mejora de los propios resultados empresariales.

«Hay estudios que apuntan a un aumento de la productividad de las empresas, con independencia del sector y del tamaño. También producirían un aumento del consumo derivado del incremento de tiempo libre del que dispondrían las personas trabajadoras», defendieron.

Por otra parte, criticaron la supresión de la campaña de refuerzo de inspección laboral en verano y demandaron su restitución. «Las Islas fueron pioneras en la puesta en marcha de este plan de control contra el fraude laboral en 2015», señalaron para tildar de «error» la eliminación del plan. «Se toman decisiones por parte del Govern unilateralmente y sin contar con la mesa de diálogo social».

Así, consideran que eliminar la vigilancia sobre el fraude laboral en temporada alta lanza «un mensaje de impunidad a los empresarios que deciden vulnerar la ley» e informaron de que la mayor parte de las infracciones detectadas el verano pasado estuvieron relacionadas con el tiempo de trabajo y con la ley de extranjería.