Javier Sola es el socio director de Cuatrecasas en Palma y experto en Derecho Laboral. | Pere Bota

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El abogado Javier Sola es el socio director de la oficina de Cuatrecasas en Palma. El despacho, en plena reforma de ampliación de sus instalaciones en Palma, asesora a algunas de las firmas del sector turístico más importantes de Balears. Sola, especialista en derecho laboral, analiza los cambios que vienen.

¿Por qué ahora se pone sobre la mesa una reforma de las indemnizaciones por despido?
— El dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales viene a decir que las indemnizaciones actuales en España no satisfacen el despido injustificado o arbitrario. Se trata de un organismo cuyos dictámenes no son vinculantes y por lo tanto, los estados deciden si siguen o no lo que dictamina. Italia, Francia y Finlandia recibieron resoluciones similares y no han cambiado su normativa. En función de lo que ocurra, los tribunales tendrán que valorar una indemnización adicional que se ajustará a los perjuicios sufridos en el caso concreto por el trabajador, en lugar de la actual, que está determinada por la antigüedad y el salario del trabajador.

¿Es previsible ese cambio legal?
— Hay sentencias que ya determinan esa indemnización suplementaria y se han dictado sin que se haya producido un cambio en la normativa interna. Aquí ocurre que el pacto entre PSOE y Sumar se obligaban a respetar la decisión final y la consecuencia será una modificación del sistema indemnizatorio que se va a ajustar a los parámetros que haya en cada caso. Tendremos mucha más litigiosidad y se corre el riesgo de que haya criterios diferentes entre jueces.

¿Qué tendrán que valorar los jueces?
— Circunstancias personales como la edad; se tendrá derecho a más dinero porque tienes más dificultades para acceder al mercado de trabajo. El ejemplo fue una sentencia del Tribunal Superior de Catalunya que dio una mayor a un trabajador que fue contratado desde Argentina. Esa corriente doctrinal ya existe. El ordenamiento español ya lo permitía.

¿Dificultará los ceses?
— Va a limitar mucho más las decisiones de despido. Va hacerlo más arriesgado y los jueces van a tardar más en dictar sentencia. A eso se suma la situación de los juzgados que pueden tardar un año en señalar una vista.

¿Esa saturación provoca situaciones de indefensión?
— Disuaden al trabajador que quiere reclamar y quien quiere llegar a un acuerdo lo tiene más fácil.

¿Implicará esa reforma recuperar los salarios de tramitación?
— Es una posibilidad. En su día era el coste que más encarecía el despido. Los salarios de tramitación multiplicaban la indemnización que se establecía. Tiene una cantidad que se está haciendo mayor. Lo que se está barajando es volverlos a recuperar ahora. El juego de mayoría es complicado. Me parecería una barbaridad por la dilación que tiene la justicia ahora mismo que una empresa pueda tener que pagar un año y medio de sueldo. Volver a ese modelo sería un atraso.

¿Cuáles son los principales motivos de conflicto ahora?
— ERE, los últimos se han producido en 2021, grandes reestructuraciones que vinieron como consecuencia de la pandemia. Lo que sí ha habido es un aumento de la litigiosidad por la Ley 15/2022, que ha concretado derechos fundamentales y los ha potenciado. Por ejemplo, el derecho a la no discriminación por razón de género y los despidos en situación de incapacidad temporal por condición de salud. Muchos jueces lo están interpretando como nulo. Se ha limitado el despido con causa médica. También se están examinando mucho los ceses por no superar el periodo de prueba. Esos desestimientos se fiscalizan mucho más porque se descubren causas de nulidad.

El TSJIB de Balears ha dictado varias sentencias controvertidas en los últimos meses.
— Está desarrollando doctrina de forma muy activa, aunque, desde mi punto de vista, algunos planteamientos podrían generar inseguridad jurídica. Ha habido decisiones llamativas como la que considera a directivos destinados en otros países como empleados del grupo con sede en España o la que invalidó un despido disciplinario por falta de audiencia previa al trabajador.

¿Se han notado los cambios con los fijos discontinuos?
— La reforma laboral de 2021 elimina el contrato de obra, que ha sido sustituido por el de fijo discontinuo. En Balears no ha sido una novedad porque ya se usaba de forma masiva. Se inventa aquí. El TSJIB ya había puesto coto desde hace muchos años a la repetición de contratos de obra y reconocía a esos trabajadores como fijo discontinuo indefinido. Lo que es relevante es que todas las cadenas están abriendo muchísimo antes, ha habido un avance notable.

¿Tienen las empresas problemas para encontrar personal?
— Sí, muchos. Se sigue notando. Sobre todo las empresas que necesitan grandes plantillas muy bien formadas o los hoteles de lujo. Lo que están haciendo es reclutar fuera de España incluso.

¿Y el alojamiento?
— Los operadores reclaman una normativa que equipare la vivienda para empleados a la vivienda turística. Es necesaria una regulación específica de residencias destinadas para trabajadores turísticos, que ampare a los alojamientos destinadas al personal de temporada.