Alumnos de Infantil entrando a un colegio en Menorca. | Carla Colmenero

TW
11

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha vuelto a reprender las políticas de inclusividad educativa de las comunidades autónomas, como ya hizo en 2017, por separar al alumnado que tiene discapacidad. La crítica también afecta a la Conselleria d’Educació, que apuesta por crear nuevas aulas y reforzar los centros de educación especial de Baleares. «El Comité constata con pesar, que la segregación educativa de las personas con discapacidad a través de su escolarización en centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias continúa estando prevista y vigente», según el dictamen al cual ha tenido acceso este diario.

La ONU pide que se derogue toda la normativa que permite la segregación, porque incluso la última ley educativa, la LOMLOE, lo contempla. El organismo internacional emitió el dictamen el 22 de marzo porque es el encargado de velar por la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y de la que forman parte 190 estados, entre ellos España, que incumple el compromiso firmado. El informe señala que, en el conjunto de España, el sistema educativo segrega, en la práctica, a más de 40.000 alumnos con discapacidad, del cual un 40 % tienen discapacidad intelectual. El comité considera que el Estado cuenta con capacidad para reconducir esta situación «promoviendo su inclusión en el sistema general u ordinario de educación, con apoyos individualizados adecuados, adaptaciones curriculares y, en su caso, ajustes razonables que aseguren la calidad educativa».

Expulsión indirecta

«Si un aula o un centro solo es para alumnos discapacitados, no es inclusivo, que implica que todos estén juntos. Es un concepto que se confunde», lamenta Nelia Sánchez, madre de un hijo con parálisis cerebral y miembro de la Comisión de Inclusión de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAPA) de Mallorca. «Esa oferta fue genial cuando no había ninguna alternativa, pero no es inclusiva», señala, y dice que el problema en Baleares es que, aunque no exista un dictamen para expulsar a un alumnos con discapacidad de los centros ordinarios, «la falta de recursos lo fomenta». «Como no hay personal suficiente para atenderlos, te expulsan indirectamente y acabas llevándolo a un centro especial», apunta.

«Mi hijo nunca podrá seguir un currículum ordinario ni podrá trabajar porque tiene un grado de dependencia muy alto, pero hay muchos otros casos a los que se les excluye y sí que podrían seguir el ritmo de una clase ordinaria. La educación especial, para ciertas personas a cierta edad, tiene que existir, pero no para siempre», afirma.

Sánchez reivindica los beneficios de que su hijo pueda recibir una educación combinada, ordinaria y especial. «Las experiencias que ha tenido no las hubiera sentido en un centro específico, y sus compañeros de clase han reflexionado y han normalizado que hay otras personas que necesitan usar rampas o que les molestan ruidos estridentes», comenta, como ejemplo.

Dar «respuesta» a las necesidades

La directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa del Govern, Neus Riera, recuerda que la normativa permite centros especiales y que buscan «dar respuesta a las peticiones» de las familias: «Los centros especiales atenderán a alumnos en centros ordinarios». También defiende que incrementar los auxiliares técnicos educativos en todos los centros, tanto si tienen o no alumnos con necesidades especiales específicas, implica que apuestan por un modelo de inclusión. Asimismo, su equipo trabaja en reforzar la presencia de orientadores para atender estos casos en todos los colegios. Riera, además, dice que respeta y apoya que los alumnos con discapacidad estén en centros ordinarios.